La junta inicia los trámites para eliminar los privilegios judiciales de los diputados y miembros del Gobierno andaluz

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confirmado hoy en el Parlamento que el Gobierno andaluz va a promover una reforma del Estatuto de Autonomía para la eliminación de los privilegios judiciales con los que cuentan todos los diputados de esta Cámara. El Consejo de Gobierno encomendó el pasado 5 de marzo a la Consejería de Regeneración para que iniciara las actuaciones necesarias para la supresión de los aforamientos, la cual conlleva la reforma del estatuto. “Conocemos los pasos y procedimientos para su eliminación y vamos a cumplirlo dentro de los 100 primeros días como nos comprometimos con los andaluces. Las leyes son normas vivas que requieren de cambios para adaptarse a la realidad histórica y social del momento, por ello no hay razón para mantener estos privilegios judiciales”.

Con esta medida, el Gobierno andaluz pretende responder a la demanda de mayor transparencia y la eliminación de privilegios en la clase política. Además, la iniciativa pondría a Andalucía al nivel de otros estados democráticos donde no existe la figura del aforado o se aplica a muy pocas personas. Mientras que en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no existen aforados, España mantiene más de 10.000, unos 2.500 cargos y 7.500 jueces y fiscales, “nos encontramos frente a una garantía que se ha extendido de forma excesiva e indebida por nuestro ordenamiento.”, ha apuntado el consejero de Regeneración en su comparecencia parlamentaria. 

Marín ha explicado que el propio Estatuto de Autonomía recoge en los artículos 248 y 249 cómo debe llevarse a cabo su modificación. Un procedimiento ordinario por el que la reforma debe ser presentada por el Gobierno, el Parlamento de Andalucía o las Cortes Generales. La propuesta debe ser aprobada por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes mediante Ley Orgánica. Tras ello debe convocarse referéndum en el plazo máximo de seis meses una vez ratificada mediante ley orgánica. El simplificado sólo puede emplearse en las reformas que no afecten a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado. Si las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se convocará un referéndum. Finalmente se requerirá la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

La propuesta del Gobierno andaluz recoge la eliminación del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 101 que establece el aforamiento de los 109 diputados de la Cámara. Se eliminará el apartado del artículo 118 que establece el aforamiento del presidente de la Junta de Andalucía, el artículo 122 donde viene recogida la de los consejeros y el apartado 1º del artículo 142 que reconoce la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para conocer estos casos. 

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