El segundo informe forense sobre el 8M: Illa y Simón conocían la situación

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por el Covid-19 “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación. “Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista”, explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico Julio Lorenzo Regó, con fecha de 8 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En el documento el médico forense reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del “gran riesgo” que existía de contagio por el coronavirus. También recoge el informe que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de febrero, ni se atendió a “algunas” de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría aminorado “el daño a la salud” y “las consecuencias económicas y sociales”.

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid “se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan”. Ese mismo día, según el informe, “en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos”. El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una “amplia difusión” del Covid-19, “de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio” habría facilitado que los ciudadanos “adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”.

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